Miles se concentran en Plaza San Martín para exigir la prórroga de la Emergencia en Discapacidad

Este miércoles 9 de septiembre, a las 12 hs, la Plaza San Martín de Córdoba se convirtió en el epicentro de una movilización nacional convocada por el Colectivo Federal de Emergencia en Discapacidad. La marcha coincidió con la sesión de la Cámara de Diputados en la que se debatirá la prórroga del proyecto de ley 27.793, la Emergencia en Discapacidad, y buscó presionar a los legisladores para que den quórum y respalden la continuidad de la norma.

Objetivo de la marcha

La convocatoria reunió a personas con discapacidad, familiares, profesionales y organizaciones del sector con la clara intención de que los diputados asistan al recinto, generen el quórum necesario y, sobre todo, mantengan vigente la herramienta legal que permite interponer amparos y otras acciones judiciales. El colectivo también lanzó un llamado a los legisladores que se abstuvieron en la votación anterior para que esta vez acompañen el proyecto y lo discutan en la cámara.

La exigencia de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión

Patricia Giussani, integrante de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI), explicó a Hoy Día Córdoba que la movilización busca “insistir, instar, presionar, exigir a los diputados que bajen a dar quórum y cumplan con sus obligaciones”. Subrayó que el reclamo se dirige a todos los legisladores, sin importar su postura, y añadió que “los que no apoyan la ley también deben tener la dignidad de discutirla”. Giussani recordó que la Ley 27.793 funciona como herramienta para presentar reclamos administrativos y judiciales vinculados al acceso a derechos y prestaciones, y que su vigencia hasta diciembre de 2026 es crucial para que esos recursos no queden sin sustento.

Pensiones no contributivas y su rezago

Uno de los puntos críticos señalados por Giussani es la situación de las pensiones no contributivas por discapacidad. Según datos presentados por el exjefe de Gabinete, Adorni, se dieron de baja más de 100 000 pensiones y se registraron apenas 3 000 altas, dejando a cientos de miles de personas sin respuesta. Además, el monto de la prestación equivale al 70 % de la jubilación mínima, lo que la hace insuficiente para cubrir necesidades básicas. La Ley de Emergencia contemplaba una compensación para los prestadores del sistema de discapacidad por las pérdidas de 2024, pero esa medida nunca se materializó; los aumentos “por goteo” no cubren la brecha.

Trámites de salud: demoras que obligan a la justicia

El colectivo denunció que los procesos de PAMI e Incluir Salud se están alargando de forma alarmante. Estudios que deberían completarse en tres meses llegan a tardar un año y medio, y la entrega de medicamentos se vuelve un trámite de meses. Estas demoras obligan a muchas familias a recurrir a la justicia mediante amparos, cuya carga se cuadruplicó en los últimos dos años, pasando de una resolución en seis‑ocho días a plazos de seis meses.

Empleo, recaudación y sostenibilidad del sistema

Giussani vinculó la falta de recursos del sistema a la caída del empleo formal y a la disminución de los salarios, ya que gran parte del financiamiento proviene de los aportes de los trabajadores activos. La contracción del mercado laboral reduce la recaudación y, con ella, la capacidad de sostener las prestaciones para las personas con discapacidad. Sin una base tributaria sólida, la continuidad de la Emergencia se vuelve cada vez más vulnerable.

Cómo pueden sumarse los cordobeses

El Colectivo Federal hizo un llamado a la ciudadanía para que acompañe la marcha, comparta videos y adhesiones en Instagram @emergenciadiscapacidadfederal y haga presión en redes y en la calle. “Necesitamos que la presión sea federal y multitudinaria; sin ella nada se mueve a favor de la gente”, concluyó Giussani.

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