Centros de datos en EE.UU.: la pugna política que está encendiendo la agenda nacional
La discusión sobre los centros de datos se ha convertido en una pieza clave de la campaña electoral y del debate energético en EE.UU.
Un fantasma tecnológico que se coló en la agenda del Congreso
En julio de 2024 la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Protección del Consumidor, una norma que busca frenar el impacto de los centros de datos sobre la factura eléctrica de los usuarios. Tres semanas después, el 31 de agosto, el expresidente Donald Trump se metió de lleno en el debate, advirtiendo que quien intentara “matar la gallina de los huevos de oro” acabaría empobrecido. La respuesta de republicanos y demócratas dejó claro que la discusión ya no gira solo en torno a infraestructura, sino que se transformó en una verdadera movida electoral de mitad de mandato.
De Illinois a Texas: trayectorias opuestas en la regulación
En 2019 el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, firmó una ley bipartidista que ofrecía incentivos fiscales para atraer a los gigantes de la nube, equiparando los centros de datos a carreteras y escuelas. Un año después el mismo mandatario cambió de postura, señalando que la presión sobre la electricidad y el agua podía superar los beneficios y suspendió los créditos fiscales. En Texas, el gobernador Greg Abbott, que se autodenominó “epicentro del desarrollo de la IA”, ordenó auditorías a todas las instalaciones que solicitaran energía, advirtiendo riesgos para la estabilidad de la red eléctrica del estado. En Pensilvania, el gobernador Josh Shapiro, inicialmente entusiasta, endureció las normas y concedió a las comunidades locales mayor poder de veto, usando la discusión como arma política en su carrera a la gobernación.
Lo que sienten los vecinos y la guerra de los números
Las encuestas muestran un rechazo creciente. En marzo de 2024 la mayoría apoyaba la construcción de centros de datos; en agosto una encuesta de Gallup registró un 71 % de oposición y Annenberg anotó un salto de 19 puntos en la opinión desfavorable entre febrero y junio‑julio. En Chicago, antes un polo de datos por su ubicación estratégica y energía barata, cientos de vecinos se reunieron en agosto para protestar contra un proyecto que, según los organizadores, ni siquiera era un centro de datos.
Los votantes temen más al consumo de energía, al aumento de la factura de agua y al tráfico que, según una encuesta de Fox News, motivan al 75 % la oposición local. Sólo el 11 % menciona la inteligencia artificial como causa principal.
Impacto real frente a la percepción exagerada
Google asegura que en 2025 sus centros consumieron 10.900 millones de galones de agua, equivalentes al riego anual de 73 campos de golf del suroeste. Amazon reportó 2.500 millones de galones el año pasado, un 2 % menos que en 2024, mientras que el riego agrícola consumió 74 veces más agua que todos los centros de datos combinados. En electricidad, el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley calculó que los centros de datos representaron el 4,4 % del consumo nacional en 2023 y podrían alcanzar entre el 9,5 % y el 15,3 % para 2030. Sin embargo, el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica señaló que la expansión de la infraestructura redujo el precio promedio de la electricidad en un 6 % entre 2019 y 2024.
Manipulación externa y el futuro incierto
Trump culpó a China de impulsar la oposición, mientras OpenAI reveló que una empresa china había difundido imágenes destinadas a desacreditar los centros de datos. X identificó una granja de bots chinos de 200.000 cuentas, pero la interacción con el público estadounidense resultó mínima. El verdadero motor de la resistencia sigue siendo el escepticismo hacia la IA y el temor a perder empleos.
Encuestas de Echelon Insights y la Universidad de Virginia indican que la opinión podría voltearse si se ofrecieran beneficios locales, como reducción de impuestos o pagos directos de unos diez mil dólares por residente, una suma que para un condado mediano equivaldría a 240 millones de dólares, cifra manejable para la industria. Expertos de Brookings advierten que los gobernadores que ignoren el tema en 2024 lo enfrentarán de nuevo en 2028, cuando la reelección vuelva a estar en juego.
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